
Actualmente, gracias a la disparatada diferencia entre valor y precio en los productos de primera necesidad, para lucro de los intermediarios y a los especuladores, un 19,7% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza; un 28’7% de los mayores de 65 años no puede adquirir los alimentos ni los servicios básicos, como la calefacción y el agua caliente, y presenta problemas graves de malnutrición; y un 15% de los niños escolarizados carece de las condiciones y de los nutrientes precisos para afrontar su crecimiento, lo que significa padecer taras cerebrales irreversibles.
Y cuando hablamos de que una de cada cinco personas tiene carencias en lo que se considera necesidades básicas, no nos referimos a esa cesta de la compra ficticia que tiene en cuenta el Instituto Nacional de Estadística para calcular el IPC, donde entran los alimentos dietéticos, el fisioterapeuta o la operación de cirugía estética: hablamos de la desnutrición, del hambre sin adornos, y de la miseria del 13, 6% de la población de Cantabria; del 13,8 de Asturias; el 16% de las Baleares; el 16,3% de la Comunidad valenciana; del 30% de Castilla-La Mancha, de Melilla, de Ceuta y de Extremadura, y del 29,2 % de Andalucía, etc.
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